II ASAMBLEA NACIONAL DE DELEGADOS
SITUACION POLÍTICA Y EDUCATIVA DEL PAÍS
Luego de la asunción del mando del gobierno de Gana Perú liderado por el Comandante Ollanta Humala Tasso. La situación política que dejó el gobierno aprista se caracteriza por la contradicción económico-social fundamental en los países capitalistas: un crecimiento económico apreciable que favorece a la cúspide de la pirámide social, a un grupo de empresarios y la alta burocracia estatal y privada, por un lado; y la permanencia de la pobreza en los sectores oprimidos de la sociedad, por otro lado.
El marco de esta contradicción, es una situación de aumento de las desigualdades sociales que es s una de las características básicas de la sociedad peruana republicana, a la que hay que agregar, en el plano estructural, la mayor subordinación de los intereses del país a los de las transnacionales como elementos principales de la dominación imperialista; la persistencia del centralismo que ha impedido la expansión del progreso a las comunidades y pueblos del interior de la patria; el aumento de la corrupción como herencia del proceso republicano y de la actuación de las clases dominantes; la violencia delincuencial como expresión de la crisis social que pone en jaque la vida cotidiana de los peruanos, en la capital y pueblos del interior; las desigualdades culturales, educativas y de la salud, que ahondan las distancias entre un 20 % que puede acceder en condiciones privilegiadas a estos servicios y un 80 % que solamente sufre la marginación al no poder acceder a ellos.
Después del proceso electoral de junio y con el triunfo de las expresiones progresistas de nuestro país, la clase dominante derrotada políticamente se propuso presionar, usando todas las formas y todo su poder económico, político y mediático, sobre el nuevo Presidente para generar un nuevo escenario que signifique la renuncia al cambio que exige el pueblo y el mantenimiento de las estructuras del poder impuestas por el neoliberalismo desde la década de los años 90 del siglo XX. La gran burguesía perdedora electoralmente se propuso, sobre la marcha, transformar su derrota en victoria; su vergüenza de haber apoyado a la candidata de la corrupción, en “fuerza moral” para exigir que “no se ponga en peligro lo avanzado en los últimos años de crecimiento económico”, buscando así neutralizar al nuevo gobierno.
El primer mensaje del presidente Ollanta Humala reflejó que la correlación de fuerzas políticas no ha variado con la culminación del segundo gobierno aprista. La opción por seguir manteniendo el modelo de crecimiento y su correlato en la acumulación de las ganancias que produce la economía primario-exportadora basada, en lo fundamental, en la extracción de minerales, es el aspecto principal que se veía venir para la nueva administración del Estado. Los tibios anuncios presidenciales de 28 de julio, dejaron muchas preguntas sueltas en la población que luego se dijo, serían respondidas en la presentación del Primer Ministro en el Congreso de la República.
Tal como estaba previsto y por mandato constitucional, el Premier y el Gabinete Ministerial se presentaron en el Congreso de la República el pasado jueves 25 de agosto y contó con el respaldo del Pleno del Legislativo Nacional que le otorgó su voto de confianza, sólo con la abstención de los congresistas fujimoristas.
Los planteamientos que presentó el gabinete ministerial a través de su primer ministro, recogen parte de las aspiraciones del pueblo y la gran masa progresista que respaldó a Ollanta Humala el 5 de junio del 2011 que permitió la derrota de la candidata de Fujimori y los dueños de las transnacionales que operan en el país.
Creemos que es importante la decisión de recuperar el rol del Estado en la conducción de la economía nacional, para hacer frente a la conducción neoliberal que desde los años 90 ha venido promoviendo y facilitando desde el Estado la apropiación de sus bienes empresariales y recursos naturales por las empresas transnacionales, que pretenden seguir saqueando el país, aun con la aprobación de la Ley de Consulta Previa, demandada por el país entero y sobre todo por los pueblos amazónicos, de la cual tenemos que estar vigilantes para que el reglamento pueda garantizar una ley efectiva de protección de las tierras de los pueblos originarios del Perú.
De igual manera, consideramos importante los anuncios de la recuperación del Lote 88 del Gas, la construcción del Gaseoducto del Surandino, la búsqueda de un precio menor para el gas doméstico e industrial, la construcción de una industria petroquímica, el fortalecimiento y modernización de las empresas del Estado como Petro Perú, ENAPU y la creación de una Línea Aérea de Bandera; los Programas Sociales anunciados; así como la anulación de la llamada “regalía minera” que fue negociado entre el gobierno del APRA y las grandes mineras que será potenciada con el cobro de un impuesto adicional de casi 3000 millones de soles anuales.
Si bien es cierto, que la gran transformación todavía no se ha asomado a la ventana, pero, consideramos que es la hora de las fuerzas populares, de la clase obrera, de las amplias masas campesinas e indígenas, de los sectores progresistas de la juventud y los intelectuales, para iniciar, junto al gobierno, la derrota al modelo perverso que hizo muchísimo daño al país. El programa expuesto por el Gabinete Lerner, con todas sus limitaciones ha empezado abrir en el Perú esa nueva etapa en la lucha contra el neoliberalismo y la creación de mejores condiciones para la recuperación del papel de las fuerzas populares en la lucha por los derechos, la democracia y la soberanía.
Las políticas anunciadas en educación, aún siguen siendo insuficientes, pero consideramos que constituyen el inicio para el cambio que se pretende en el sector. La anulación de la municipalización de la educación, es una decisión acertada, no solo porque recoge la aspiración y la demanda del magisterio y de muchas instituciones, sino, porque, en realidad no ha tenido ningún resultado positivo en ningún distrito en la que se aplicó. La municipalización en el Perú, perjudicó a los más pobres porque pauperizó más la escuela pública, tal como viene ocurriendo en Chile en donde produjo más desigualdades educativas y el abandono de las escuelas municipalizadas y las privatizadas y subsidiadas por el Estado.
La decisión de revisar la Carrera Pública Magisterial diseñada por el Banco Mundial para ahorrar gasto fiscal es una medida que no resuelve el problema de la conculcación de los derechos económicos, profesionales y sociales de los maestros. Los maestros del Perú, esperamos que el gobierno anuncie el inicio del debate de una nueva ley que unifique el régimen laboral, profesional y salarial de los docentes, reconociendo y mejorando los derechos de la ley del profesorado e incorporando en ella a los maestros de la ley 29062 reconociendo sus derechos adquiridos. El SUTEP, persistirá en esa demanda.
Los anuncios de potenciar la educación de la primera infancia, la educación rural, la educación física y otros, son propuestas que compartimos desde el gremio, pero creemos que son políticas parciales que deben complementarse con políticas más integrales, empezando por devolver el papel conductor del Ministerio de Educación, convertido en ente de negocios con terceros privados y derogando leyes y decretos, que hasta ahora han tenido el objetivo de vulnerar derechos, mas no de mejorar la educación ni la revaloración del magisterio nacional.
Por lo visto, frente a los anuncios hasta ahora hechos, los maestros, continuaremos en la lucha por exigir mayores cambios; por lo que seguiremos apelando al diálogo propositivo como lo decidimos desde el principio y como también lo ha planteado la Ministra de Educación Patricia Salas O´Brien.
Sin embargo, nada podremos conquistar si no fortalecemos el sindicato y si no trabajamos unidos con los demás gremios, pues no se trata solamente de nuestros derechos, sino de los trabajadores en su conjunto, estatales y del sector privado. No olvidemos que el neoliberalismo no ha concluido con el nuevo gobierno. Su ideología y su política, su economía y sus leyes siguen vigentes y con más fuerza de lo que se pensaba.
POR ELLO, LA II ASAMBLEA NACIONAL DE DELEGADOS, ACUERDA:
1.- En este nuevo escenario continuar planteando nuestra pliego de reclamos al nuevo gobierno exigiendo la atención al mismo con soluciones concretas para la recuperación progresiva de los derechos conculcados por la dictadura y los gobiernos posteriores a ella.
2.- Saludar la decisión acertada del gobierno de anular la municipalización de la educación, cerrando así un capítulo de improvisación política y visión coyunturalista en la que el gobierno aprista ha metido a la educación peruana. La demanda por la anulación de la municipalización aprista, ha sido motivo de una lucha permanente del magisterio nacional que junto a los padres de familia y estudiantes hemos desarrollado de manera perseverante.
3.- Continuar apelando al diálogo como instrumento de lucha sin descartar las otras formas de lucha, a las cuales apelaremos dependiendo de las circunstancias que se presenten en el país. El diálogo debe ser propositivo y alternativo.
4.- Fortalecer nuestras bases para prepararnos para futuras confrontaciones, ya sea, exigiendo los derechos que demandamos o defendiendo propuestas para la educación que los grupos de poder traten de impedir que se realicen como parte de los cambios que se propongan desde el gobierno.
5.- Realizar el I Congreso Nacional por la Educación con todos los gremios del Sector Educación, Estudiantes y Padres de Familia, para hacer un diagnóstico de la realidad educativa, aprobar una plataforma unitaria y conformar el Frente de Defensa de la Educación y la Cultura.
Lima, 27 de agosto del 2011
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